Chile en el Siglo XX: Transformaciones y Quiebres

Un análisis profundo de los procesos políticos, económicos y sociales que definieron al Chile contemporáneo, desde la crisis del parlamentarismo hasta la recuperación de la democracia.

1. El Parlamentarismo Chileno (1891–1925): Origen, funcionamiento y tensiones

Tras la derrota de Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, Chile entró en un período conocido como régimen parlamentario, aunque en la práctica no funcionó como un parlamentarismo europeo clásico. El Congreso adquirió un poder predominante sobre el Ejecutivo, y los presidentes quedaron debilitados, dependiendo de alianzas inestables entre partidos. Los ministros podían ser removidos por simples "acuerdos" parlamentarios, lo que generó una rotación constante de gabinetes y una política marcada por negociaciones entre élites más que por participación ciudadana.

Este sistema favoreció a los partidos tradicionales —liberales, conservadores y radicales— que representaban principalmente a las élites urbanas y terratenientes. La política se volvió un espacio cerrado, con prácticas como el "rotativismo" y el "cuoteo", donde los cargos se distribuían según pactos entre partidos más que por mérito o proyectos de gobierno. Mientras tanto, el Estado mantenía un rol limitado en lo social, y la economía dependía fuertemente del salitre, cuya riqueza se concentraba en manos de empresarios extranjeros y grupos nacionales reducidos.

La distancia entre esta política oligárquica y las necesidades de la población fue generando tensiones crecientes. Las malas condiciones laborales en las salitreras, el hacinamiento urbano y la falta de legislación social dieron origen a la llamada "cuestión social", que se expresó en huelgas, protestas y masacres como la de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Este período dejó en evidencia que el modelo político no podía sostenerse sin reformas profundas.

2. Crisis del Parlamentarismo y camino hacia la Constitución de 1925

La Primera Guerra Mundial afectó gravemente la economía chilena, ya que redujo la demanda de salitre y evidenció la fragilidad de depender de un solo producto. La crisis económica se combinó con el descontento social y con la incapacidad del sistema parlamentario para responder a las demandas de trabajadores, clases medias emergentes y sectores militares.

La Constitución de 1925 representó un giro profundo en la organización política chilena, pues buscó superar las distorsiones del régimen parlamentario que había dominado desde 1891 y que había generado inestabilidad, rotación ministerial constante y una desconexión evidente entre la política y las necesidades sociales. Su objetivo central fue reordenar el equilibrio de poderes, devolviendo al Presidente un rol protagónico en la conducción del Estado. A diferencia del período anterior, en el que el Congreso podía derribar gabinetes con facilidad, la nueva carta fundamental estableció un régimen presidencial fuerte, con un Ejecutivo capaz de gobernar sin depender de pactos parlamentarios permanentes. Esto permitió una mayor continuidad en las políticas públicas y una estructura institucional más coherente con las demandas de modernización del país.

Otro aspecto clave fue la separación entre Iglesia y Estado, un cambio que reflejaba la influencia de ideas laicas y republicanas que venían ganando terreno desde fines del siglo XIX. La Constitución eliminó el carácter oficial de la religión católica y estableció la libertad de culto, lo que permitió que el Estado se definiera como una institución neutral en materia religiosa. Este cambio no solo tuvo implicancias simbólicas, sino también prácticas, ya que abrió espacio para reformas educativas y sociales que antes estaban limitadas por la influencia eclesiástica.

La Constitución de 1925 también sentó las bases para un Estado con mayor capacidad de intervención económica y social. Aunque no creó de inmediato un Estado de bienestar, sí estableció el marco jurídico para que el gobierno pudiera impulsar políticas públicas más activas, especialmente en áreas como la legislación laboral, la educación y la infraestructura. Esto fue fundamental para el desarrollo posterior del Estado desarrollista y para la expansión de derechos sociales durante el siglo XX. Sin embargo, la implementación de estas transformaciones fue gradual y muchas veces dependió de la correlación política de cada período.

Finalmente, la carta de 1925 buscó fortalecer la legitimidad democrática mediante la elección directa del Presidente, la reducción de la influencia parlamentaria en la formación del gabinete y la creación de instituciones más modernas, como la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos. En conjunto, estas reformas marcaron el fin del ciclo oligárquico y abrieron un nuevo capítulo en la historia política chilena, caracterizado por un Estado más centralizado, un Ejecutivo más robusto y un sistema político que, aunque imperfecto, intentaba responder mejor a las demandas de una sociedad en transformación.

3. El Estado desarrollista y la industrialización (1930–1970)

La Gran Depresión de 1929 golpeó duramente a Chile, provocando desempleo masivo y el colapso del modelo salitrero. Esta crisis obligó al país a replantear su estrategia económica. A partir de los años 30, especialmente con el Frente Popular y luego con gobiernos radicales, se consolidó un Estado desarrollista, que asumió un rol activo en la economía.

La creación de instituciones como CORFO en 1939 marcó un punto de inflexión. El Estado comenzó a impulsar la industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI), fomentando la producción nacional de bienes que antes se compraban en el extranjero. Este proceso transformó la estructura económica y social del país, generando empleos urbanos, fortaleciendo a la clase media y ampliando el aparato estatal.

Durante estas décadas, Chile vivió un proceso de modernización que incluyó la expansión de la educación, la urbanización acelerada y la aparición de nuevos actores sociales, como sindicatos más organizados y movimientos políticos de masas. Sin embargo, también surgieron tensiones entre quienes defendían un Estado fuerte y quienes buscaban mayor apertura económica.

4. Polarización política y reformas estructurales (1960–1973)

Hacia mediados del siglo XX, la sociedad chilena estaba más politizada y consciente de las desigualdades persistentes. La cuestión agraria, la concentración de la riqueza y la demanda por mayor justicia social impulsaron proyectos de reforma profunda. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970) promovió la "Revolución en Libertad", que incluyó la reforma agraria, la promoción popular y la "chilenización" del cobre.

Sin embargo, muchos sectores consideraron que estas reformas eran insuficientes. En 1970 llegó al poder Salvador Allende con la Unidad Popular, proponiendo una vía democrática al socialismo. Su gobierno impulsó la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria y la expansión de derechos sociales. No obstante, enfrentó una fuerte oposición política, económica y mediática, además de tensiones internas dentro de la coalición.

La polarización social, la crisis económica y el conflicto entre poderes del Estado generaron un clima de inestabilidad que culminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por las Fuerzas Armadas.

5. Dictadura militar (1973–1990): autoritarismo, neoliberalismo y transformaciones profundas

El régimen militar encabezado por Augusto Pinochet instauró un gobierno autoritario que disolvió el Congreso, prohibió partidos políticos y restringió libertades civiles. La represión incluyó detenciones, torturas, desapariciones y exilio, dejando una profunda huella en la memoria nacional.

En lo económico, el régimen implementó un modelo neoliberal, asesorado por economistas conocidos como los "Chicago Boys". Se privatizaron empresas estatales, se redujo el rol del Estado y se promovió la apertura al mercado internacional. Este modelo generó crecimiento en ciertos períodos, pero también aumentó la desigualdad y la precariedad laboral.

La Constitución de 1980 fue diseñada por el régimen militar como una forma de asegurar la continuidad de su proyecto político y económico más allá de la dictadura. Su estructura reforzó un presidencialismo extremadamente fuerte, otorgando amplios poderes al Ejecutivo y limitando la participación política mediante mecanismos como los senadores designados, el sistema binominal y altos quórums para modificar leyes clave. Además, estableció un modelo de Estado subsidiario, que restringía la intervención estatal en áreas económicas y sociales, consolidando así las reformas neoliberales impulsadas desde mediados de los años 70. Aunque fue aprobada en un plebiscito sin registros electorales confiables ni garantías democráticas, se convirtió en la base institucional del país durante las décadas siguientes.

Sin embargo, el régimen enfrentó un golpe importante con la crisis económica de 1982, una de las más severas del siglo XX en Chile. El desempleo masivo, el cierre de empresas y el colapso del sistema financiero pusieron en cuestión la eficacia del modelo neoliberal y debilitaron la legitimidad del gobierno. La crisis abrió espacio para que diversos sectores sociales —trabajadores, estudiantes, pobladores y partidos políticos proscritos— comenzaran a reorganizarse y a articular un movimiento opositor más amplio. A partir de 1983 surgieron las protestas nacionales, jornadas de movilización masiva que combinaron cacerolazos, marchas y paros, y que expresaron el creciente descontento con la situación económica, la represión y la falta de libertades políticas.

Estas movilizaciones no lograron derrocar al régimen, pero sí obligaron a la dictadura a reconocer que no podía sostenerse indefinidamente sin algún tipo de apertura. En este contexto, la propia Constitución de 1980 establecía un mecanismo para definir la continuidad del gobierno: el plebiscito de 1988, en el que la ciudadanía debía aprobar o rechazar la permanencia del general Pinochet por un nuevo período de ocho años. La oposición se organizó en torno a la campaña del "No", que logró articular un mensaje de cambio pacífico y democrático, apelando a la esperanza más que al miedo. El triunfo del "No" no solo significó el fin del régimen militar, sino también el inicio de un proceso de transición pactada, en el que se combinaron reformas institucionales, negociaciones políticas y un compromiso por restablecer la democracia sin provocar una ruptura abrupta con las Fuerzas Armadas. Este proceso culminó con la elección presidencial de 1989 y la instalación del nuevo gobierno democrático en 1990, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia chilena.

6. Transición y consolidación democrática (1990–2000)

Con el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos de la Concertación enfrentaron el desafío de reconstruir instituciones, ampliar derechos y mantener la estabilidad económica. Se impulsaron políticas sociales, reformas graduales a la Constitución de 1980 y programas destinados a reducir la pobreza, que disminuyó significativamente durante la década.

La transición chilena se caracterizó por su gradualismo: se buscó evitar rupturas bruscas, equilibrando demandas de justicia con la necesidad de estabilidad. Aunque se avanzó en verdad y reparación, persistieron tensiones respecto al legado institucional de la dictadura y al modelo económico heredado.